17/03/2025
Este jueves 13 de marzo se realizó en el SUM de Agua de Oro una reunión clave para tratar el conflicto en torno al ingreso a la Iglesia San Vicente Ferrer y la disputa sobre si dicho acceso es una calle pública o propiedad privada.
La iglesia, construida en 1741 en la estancia San Cristóbal, fue declarada Monumento Histórico Municipal en 2001. Su importancia histórica y arquitectónica se suma a la relevancia cultural que tiene para la comunidad, ya que cada 5 de abril se conmemoran las fiestas patronales en honor a San Vicente Ferrer. Sin embargo, el acceso a la parroquia se encuentra restringido desde hace algunos años por un portón colocado por la familia de Mario Rossa y Gabriela Ahumada, quienes aseguran que el terreno les pertenece.
La reunión contó con la participación del intendente Miguel Aguirre, el asesor letrado de la Municipalidad, funcionarios del Área de Cultura y Turismo, el párroco Diego Díaz, el Dr. Francisco Reyna en representación del Arzobispado, autoridades de la Agencia Córdoba Cultura, la familia Torres, que desde hace años cuida la iglesia, y vecinos que recuerdan las tradicionales celebraciones religiosas.
Desde el inicio del encuentro, Gabriela Ahumada manifestó su postura con firmeza: “Es nuestra propiedad, es el patio de mi casa, no entiendo por qué nosotros, Mario Rossa y Gabriela Ahumada, que debemos ser unos de los pocos que pagamos una propiedad en Agua de Oro, tenemos que estar dando explicaciones de nuestro dominio y de nuestra propiedad”.
También señaló que, al igual que en años anteriores, permitirá el ingreso de los fieles para las fiestas patronales, pero aclaró: “Padre Diego, usted es la única autoridad que reconozco de esa capillita, para las fiestas de San Vicente, tal como lo hicimos años anteriores, está permitido ingresar. Siempre se ha abierto la puerta para las fiestas patronales, no al antojo de cualquiera que vaya porque sí. Yo autorizo el ingreso para las fiestas patronales, el resto lo van a tratar con nuestros abogados”.
Por su parte, el abogado del Arzobispado, Francisco Reyna, argumentó que según los registros oficiales “ahí hay una calle”. Dirigiéndose a Ahumada, explicó: “Cuando ustedes compran, compran una fracción C que deriva de un plano protocolizado que habla de una calle. Su antecedente ya hablaba de la calle, debo decirle que está equivocada en términos jurídicos. La Iglesia es propiedad del Arzobispado y este tiene derecho a ingresar libremente por ahí. La noción jurídica de una calle básicamente es que es pública. Cerrarla conlleva consecuencias. Las calles no necesariamente tienen que estar inscriptas porque tienen uso público”.
En ese punto, el intendente Miguel Aguirre respaldó la posición del Arzobispado y destacó la importancia del acceso para la comunidad: “El ingreso por el otro lado no es posible, porque tiene una pirca histórica y además ahí está el cementerio”. También reveló que el Municipio intentó dialogar en varias ocasiones con Ahumada e incluso le ofreció comprar el terreno, pero no se logró un acuerdo. “Vamos a seguir trabajando, como el primer día que asumimos, porque allí es donde nació nuestro pueblo, tenemos Pedanía San Vicente, es algo de toda la comunidad. No sé qué puede haber pasado con esta señora, si es un capricho o es como lo acaba de expresar, que no es religiosa, pero bien lo acaba de decir el abogado: ella no compró la calle. Vamos a seguir trabajando para que saque el portón lo más rápido posible y toda la comunidad pueda visitar nuestra iglesia como se hizo ancestralmente. Además, necesitamos hacerle mantenimiento, hoy Provincia está aquí para acompañarnos en la restauración. Necesitamos que esa iglesia se ventile, limpiarle los techos, porque se nos va a terminar cayendo por el capricho de no sacar el portón”, advirtió.
A lo largo de la reunión, vecinos también expresaron su opinión. Rocel Moyano, de más de 90 años, recordó que “toda la vida se utilizó ese camino, para mí eso siempre fue un espacio público, pero esto tiene que solucionarse porque la Iglesia es pública”. En la misma línea, Nicolás Bustos, de 80 años, comentó: “Con Rocel podemos hacer todo el historial de la iglesia, de 100 años para atrás. Ese lote que tiene ella hay que ver qué título tiene. La casa que está al lado la hizo mi bisabuela para quedarse cuando venían a la Novena”.
Desde la Dirección de Patrimonio Cultural de Córdoba, la licenciada Felicitas Asbert explicó: “Nuestra postura tiene que ver con cuidar el patrimonio que representa a la comunidad desde hace siglos y nuestro interés es que se preserve para las generaciones futuras. Armar un plan sistemático de conservación es fundamental. Ya tiene una declaratoria municipal, eso es un instrumento formal de protección y se está trabajando en la declaratoria provincial”. También subrayó que “para que el bien se pueda preservar, es importante un acceso donde se puedan realizar las actividades de mantenimiento. Sin eso, no se puede conservar, porque en algún momento se va a deteriorar y no va a servir más”.
Como posible solución, el abogado del Arzobispado propuso iniciar una “mediación comunitaria” y, en paralelo, evaluar las acciones jurídicas correspondientes junto con la Municipalidad y la Provincia. La posibilidad de expropiación también fue mencionada como un último recurso en caso de no llegar a un acuerdo.
La reunión concluyó sin un consenso definitivo, pero con el compromiso de las partes de seguir buscando una solución para garantizar el acceso a la Iglesia San Vicente Ferrer y su preservación como patrimonio histórico de la comunidad.
