LOGRARON FRENAR EL DESALOJO DE LA COMUNIDAD PLUMA BLANCA DE EL MANZANO

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Tras una audiencia pública histórica que tuvo lugar en los Tribunales de Jesús María el 21 de julio de 2022, la comunidad Pluma Blanca no será desalojada.

El juez Luis Belitzky, tras escuchar a más de una decena de oradores durante cinco horas, decidió no firmar el oficio de lanzamiento de la orden de desalojo que pesaba sobre esta comunidad.

Gentileza La Tinta

Se trata de una causa iniciada por Luis Ramonda, familia fundadora y propietaria de La Voz del Interior hasta su fusión con el Grupo Clarín, que ya tenía una sentencia de desalojo que estaba suspendida por la pandemia, pero cuya ejecución era inminente.

“Esta es una comunidad que ancestralmente ha estado en el territorio y esas circunstancias eran evidente en el propio expediente” señala Natalia Bilbao, abogada de la familia López. “Después de una jornada histórica podemos decir que la justicia pudo escuchar las diferentes voces que dieron cuenta de las implicancias que trasunta este conflicto, que no es entre particulares, sino que se extiende a una cuestión social y pública”, destaca.

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Por su parte, Pablo Reyna, historiador, docente, escritor e integrante de la Comunidad Comechingona “Timoteo Reyna” señala que “las autoridades y la justicia escucharon los argumentos de las comunidades y esto fue histórico. Esta es una batalla ganada que sienta un antecedente judicial en Córdoba.”

“Fue fundamental el apoyo de las Comunidades, de la Universidad y del Instituto de Culturas Aborígenes porque con argumentaciones antropológicas, historiográficas y de índole jurídico pudieron terminar de convencer al juez que el desalojo inminente era una injusticia”, remarca Reyna.

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Sin embargo, la abogada Natalia Bilbao es precavida, ella señala que por el momento “la orden de lanzamiento está pendiente, no se va a emitir hasta tanto se tramiten en la segunda instancia los diferentes recursos que hemos articulado para tratar de revertir la sentencia, pero hoy por hoy todavía la situación sigue siendo provisoria, no ha habido aplicación efectiva de la Ley 26.160 sobre Comunidades Indígenas”, explicó la letrada.

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